Los estados intentan parar, cada vez más, a la gente que defiende los derechos y libertades, etiquetándolos y persiguiéndolos como a criminales o terroristas. Las dimensiones del riesgo se duplican cuando esa criminalización hace que otros potenciales agresores sientan que el coste político de atacar al denominado criminal es bajo. La estigmatización de los defensores (a menudo comparados con terroristas y criminales) también tiene como meta reducir el apoyo que reciben.

Protection International investiga la tendencia de criminalizar a los defensores para entender los patrones subyacentes. Esto proporciona información sobre las estrategias para gestionar los múltiples riesgos que implica.

A pesar de la adopción, en 1998, de la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, a los defensores se les impide, con mucha frecuencia, llevar a cabo su trabajo denominándoles, equivocadamente, criminales o delincuentes. Cuando se centran en la presumible ilegalidad de las actividades de aquellos que defienden los derechos humanos y usan el sistema judicial para deslegitimizar e impedir el trabajo de los defensores, los estados ponen en peligro las vidas de los defensores y obstaculizan su defensa de los derechos de los demás.

Una consecuencia de la criminalización por parte del estado es que aumentan las agresiones a defensores, porque los potenciales agresores sienten que el coste político del uso de la violencia es bajo. La aplicación de sanciones judiciales a defensores como mecanismo de silenciación es muy preocupante, ya que se imputan falsas acusaciones. Incluso si la orden de detención no se lleva a cabo, el miedo a ser arrestado tendrá consecuencias negativas en el trabajo del defensor. Además, la defensa legal de un defensor acusado repercute negativamente en los recursos de su organización.

La estigmatización de los defensores también busca reducir el apoyo que reciben. Cuando los medios los retratan como terroristas o criminales, los defensores tienen menos posibilidades de beneficiarse de una red social de protección y corren el riesgo de ser aislados.

Por otra parte, hay nuevas leyes arbitrarias diseñadas y usadas como herramientas de represión para que los defensores no sigan con su trabajo. Estas leyes declaran ilegales las actividades cotidianas de la defensa de los derechos humanos. Leyes anti-terroristas y leyes que limitan la libertad de expresión son especialmente usadas para la criminalización de la defensa de los derechos humanos.

  • Investigamos procesos de criminalización de defensores en América Latina para entender las tendencias y los patrones subyacentes. Una vez que los defensores entienden las estrategias utilizadas para criminalizarles, pueden prevenir ese riesgo. Hemos publicado varios informes como resultado de esta investigación.
  • Desarrollamos las capacidades de los defensores en gestión de la seguridad y protección.

  • Atendimos y asumimos el cabildeo del juicio, en Tailandia, de Chiranauch Premchaiporn, conocida defensora de la libertad de expresión y de los medios y Directora Ejecutiva del diario digital Prachatai, acusada de violación de Ley de Delitos Informáticos y del Código Penal en lesa majestad por presuntamente no quitar lo suficientemente rápido posts anónimos de terceras partes, considerados ofensivos contra la monarquía, en el foro público de su página web. Chiranauch Premchaiporn se enfrenta a una pena de 20 años de prisión si es declarada culpable.