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[English text bellow]
En la actualidad, la defensa de los derechos humanos en Guatemala atraviesa una de sus peores crisis desde los procesos de transición democrática y acuerdos de paz de inicios de la década de los noventa. Las amenazas, ataques físicos y en redes sociales, sumada a la criminalización indebida contra operadores/as de justicia independientes, personas defensoras de derechos humanos (incluyendo personas defensoras del territorio y medio ambiente), comunicadores/as sociales y periodistas, ha alcanzado su máximo punto de ebullición en los años del gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2022).
La situación es similar en el resto de los países de la región centroamericana, que, a diferencia de Nicaragua, tiene en común el haber contado con comisiones internacionales para el apoyo a la persecución penal de casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos en los últimos años. Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados en justicia, se presenta una problemática grave en común, como consecuencia de los logros obtenidos con los casos penales de alta connotación social y, es que, en la actualidad, cualquier persona que haya apoyado la lucha contra la impunidad, cualquier persona que sea crítica y fiscalice los gobiernos de turno, es decir, cualquier oposición a los poderes formales y fácticos, está expuesta y corre riesgos de ser detenida y procesada arbitrariamente.
La criminalización indebida evidencia la ausencia de independencia de las instituciones de justicia, dado que ahora son complacientes con la clase política tradicional y ligada al crimen organizado que, con la anuencia de las élites económicas, han puesto en marcha el poder punitivo y acciones autoritarias contra quienes se opongen a las mismas, situación que afecta la débil democracia y pone en riesgo los avances que trajeron consigo los compromisos adquiridos y agenda de los Acuerdos de Paz.
La mayoría de las personas víctimas de la criminalización indebida o lawfare emprendido por el sistema penal guatemalteco son funcionarios/as judiciales, personas defensoras de derechos humanos y comunicadores/as sociales, dejando claro que, con la cooptación del estado, no solo se busca garantizar impunidad a las estructuras tradicionales de poder, sino que también perseguir y castigar aquellas personas que jugaron un papel importante en la lucha contra la impunidad en el país.
En este contexto, se presenta el estudio “Estado de situación con enfoque multifactorial sobre el deber estatal de garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos en los municipios guatemaltecos de Santa María de Nebaj, Sayaxché y San Marcos”, que contiene información importante sobre los factores que influyen en el rol que desempeñan las mujeres defensoras indígenas y la intervención estatal en afectación de sus derechos fundamentales realizado por Protection International en Guatemala, en conjunto con la organización CISV y Asoremi (Asociación Red Organizaciones de Mujeres Ixhiles).
A continuación se pueden descargar los archivos y documentos del estudio en español.
[English version]
The defence of human rights in Guatemala is currently going through one of its worst crises since the processes of democratic transition and peace agreements in the early 1990s. Threats, physical and social media attacks, coupled with undue criminalisation against independent justice operators, human rights defenders (including land and environmental defenders), social communicators and journalists, have reached their peak during the years of Alejandro Giammattei’s government (2020-2022).
The situation is similar in the rest of the countries in the Central American region, which, unlike Nicaragua, have in common the fact that they have had international commissions to support the criminal prosecution of cases of corruption and serious human rights violations in recent years. However, in spite of the progress achieved in justice, there is a serious problem in common, as a consequence of the achievements obtained in criminal cases of high social connotation, and that is that, at present, anyone who has supported the fight against impunity, anyone who is critical and monitors the governments in power, that is, anyone who opposes the formal and de facto powers, is exposed and runs the risk of being arbitrarily detained and prosecuted.
The undue criminalisation is evidence of the lack of independence of the justice institutions, given that they are now complacent towards the traditional political class and those linked to organised crime who, with the consent of the economic elites, have implemented punitive power and authoritarian actions against those who oppose them, a situation that affects the weak democracy and puts at risk the advances brought about by the commitments made and the agenda of the Peace Accords.
Most of the victims of the undue criminalisation or lawfare undertaken by the Guatemalan penal system are judicial officials, human rights defenders and social communicators, making it clear that, with the co-optation of the state, the aim is not only to guarantee impunity for the traditional power structures, but also to persecute and punish those who played an important role in the fight against impunity in the country.
In this context, we present the study “Estado de situación con enfoque multifactorial sobre el deber estatal de garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos en los municipios de Santa María de Nebaj, Sayaxché y San Marcos“, which contains important information on the factors that influence the role played by indigenous women defenders and the state intervention in affecting their fundamental rights, carried out by Protection International in Guatemala, in conjunction with the organisation CISV and Asoremi (Asociación Red Red Organizaciones de Mujeres Ixhiles).
Below you can download the files and documents of the study in Spanish.
Resumen ejecutivo (Spanish)
Flexográfico (Spanish)