Organizaciones internacionales de sociedad civil rechazan el uso desmedido de armas de fuego y el abuso policial en la ciudad de Bogotá que deja como saldo trágico la muerte de 13 personas, 400 heridas, 72 de ellas con arma de fuego, y 3 mujeres acosadas sexualmente

 



 

Bogotá /Bruselas 21 de septiembre de 2020. El Espacio de Cooperación para la Paz, la Oficina Internacional para los Derechos Humanos – Acción Colombia y las organizaciones internacionales de la sociedad civil que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la muerte del ciudadano Javier Ordóñez ocurrida la madrugada del 9 de septiembre de 2020 a consecuencia, presuntamente, de los golpes en la cabeza propinados por miembros de la policía nacional durante su detención y por el abuso policial y el uso desmedido de armas de fuego durante las protestas que se dieron en reacción a este grave hecho. Estas protestas dejan como saldo trágico, según el reporte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet , 13 personas muertas en Soacha y Bogotá y, según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, más de 400 heridas, 72 de ellas con arma de fuego. Las organizaciones firmantes rechazan de manera especial los tres casos de abuso y acoso sexual, violencia verbal, detención arbitraria y soborno, denunciados por la ONG Temblores, del que fueron víctimas 3 mujeres, en un CAI de la ciudad de Bogotá.

 

También nos preocupa la amenaza que circula en redes sociales en la cual las Águilas Negras bloque capital declaran “objetivo militar inmediato” a organizaciones sociales de derechos humanos, mesas de víctimas y plataformas. El Estado y gobierno colombianos deben proteger la vida y trabajo de las personas que defienden la paz y los derechos humanos y brindar las garantías suficientes al legítimo derecho a la reunión y manifestación pública consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia como una modalidad de participación ciudadana fundamental en un país en transición hacia la paz.

 

La respuesta violenta a la protesta tras la muerte del señor Ordoñez, también tiene antecedentes. En el marco del Paro Nacional al final de 2019, según el informe anual de la OACNUDH, 1.662 personas fueron privadas de la libertad, por lo menos 36 manifestantes y 4 policías tuvieron que ser hospitalizados por las lesiones sufridas y se reportaron actos que pueden constituir malos tratos o tortura como desnudez forzada, repetidas golpizas, amenazas de muerte con matices racistas.

 

El joven Dilan Cruz perdió la vida, el 26 de noviembre de 2019, a consecuencia de un disparo en la cabeza a corta distancia con un rifle con munición “artesanal” llamada “recalzada” o “bean bag” por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los avances que se conocen, en términos de justicia son muy pocos, su caso ha sido trasladado a la justicia penal militar, a pesar del rechazo, al respecto, expresado por la Oficina de la ACNUDH en Colombia.

 

La Policía nacional ha informado que al 6 de julio de 2020 se han abierto 3.674 investigaciones internas, 1.474 de ellas por presunto abuso policial (773 casos de presunto abuso de autoridad, 456 de agresión física, 153 lesiones personales y 92 casos por agresión verbal). Según la organización de derechos humanos CAJAR, existe un subregistro de los casos.

 

Como organizaciones internacionales de la Sociedad civil solicitamos a la Comunidad Internacional

 

  • Expresar de manera clara y contundente su rechazo a la represión y la violencia desmedida en el contexto de la manifestación social pacífica en Colombia y el deterioro de la situación de violencia en general en el país en los últimos meses.
     
  • Exhortar al gobierno colombiano a brindar las garantías suficientes para la participación política de la ciudadanía colombiana como parte del proceso de transición de Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep en el 2016.
     
  • A los países acompañantes del proceso de paz y a la implementación del Acuerdo Final, instar al gobierno colombiano a implementar las medidas contempladas en el mismo para garantizar la movilización y la protesta pacífica, implementar los protocolos sobre uso de la fuerza en el marco de las protestas por parte de la Fuerza Pública y de ser necesario crear nuevos instrumentos.
     
  • Hacer un ejercicio de monitoreo a las investigaciones de los casos de abusos policiales, recientes y pasados, en el marco de las protestas para evitar que las graves violaciones de derechos humanos queden en impunidad. En particular, acompañar a la Comisión Ciudadana Nacional e Internacional que han anunciado las Plataformas colombianas de derechos humanos para investigar los hechos ocurridos.
     
  • Activar todos los instrumentos de protección a su disposición para que se documenten estos graves hechos y se tomen las acciones por parte de las autoridades pertinentes, para lo cual sería muy importante solicitar al gobierno colombiano la invitación inmediata a los Relatores Especiales sobre la Libertad de asociación y protesta pacífica, Ejecuciones extrajudiciales, Tortura y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de Naciones Unidas.
     
  • Intensificar el apoyo a procesos de profundización y consolidación de una cultura ciudadana activa que está informada, exige rendición de cuentas de la institucionalidad y gestiona, desde su responsabilidad, los conflictos, para detener la polarización, desde la garantía de derechos y los marcos legales, ofreciendo soluciones pacíficas y dialogales que sigan alimentando y protegiendo, así como acelerando con mayor fuerza y determinación, la consolidación de la paz justa y duradera.
     
  • A la Unión Europea y sus Estados miembros, Reino Unido, Suiza y Noruega. Abordar, en el marco del diálogo permanente con Colombia, así como en el diálogo de derechos humanos, los casos sobre violaciones al derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica, expresar su rechazo a los hechos violentos de represión y los abusos por parte de la policía, así como a las declaraciones estigmatizadoras que pueden poner en entredicho el derecho a la libre manifestación y acompañar al Gobierno colombiano en un proceso de reforma de la policía siguiendo los estándares y recomendaciones internacionales como garantía de no repetición.

 

Como Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil respaldamos la conformación de la Comisión Ciudadana Nacional e Internacional anunciada por las Plataformas colombianas de derechos humanos para levantar un informe que permita esclarecer los hechos ocurridos la noche del 9 de septiembre y los días y noches subsiguientes pues el respeto a la vida, la integridad física, psicológica y las libertades civiles y políticas de los y las ciudadanas manifestantes, así como la aplicación de todas las normas de derechos humanos es un imperativo ético que permitirá, como lo afirma la representante en Colombia de ONU DDHH, Juliette de Rivero, mayores avances en la democracia y el Estado social y democrático de derecho de Colombia.

 

Espacio de Cooperación para la Paz
Oficina Internacional de derechos humanos Accion Colombia Oidhaco

 

Informes: Oidhaco: Jorge Gómez, Coordinador oidhaco [at] oidhaco.org, tel. +32 2 5361913
Espacio de Cooperación para la Paz ECP: Cooppaz2016 [at] gmail.com

 


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Integrado a la fecha por ABColombia, Broederlijk Delen, Caritas Suiza, Christian Aid, Colombian Human Rights Committee, Comité Noruego de Solidaridad con América Latina, Comundo, Fastenopfer, Federación Luterana Mundial, Fokus, Fondo de Acción Urgente para América Latina, Forum Syd, Fundación Sueca por los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo Suiza Colombia -ASK!-, Heks-Eper, ICCO, Act Iglesia Sueca, International Action for Peace (observadora), kolko - Menschenrechte für Kolumbien, Latinoamerican Working Group, Mundubat, Movimiento por la Paz -MPDL-en Colombia, OIDHACO, Oxfam, Paz con Dignidad, Peace Brigades International –PBI- (observadora), SweFOR (observadora), Swissaid, Terre des Hommes Suisse, Wola