Protection International trabaja con la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, que agrupa comunidades y grupos de la sociedad civil alrededor del mundo para reclamar que instituciones financiadoras del desarrollo, gobiernos y empresas privadas defiendan los derechos humanos.

Los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos del 2011 consolidan la obligación de empresas y estados, aún cuando actúan mediante instituciones financieras multilaterales, de emprender investigación y verificación para asegurar que los resultados de sus inversiones respeten los derechos humanos.

Desafortunadamente, hoy en día aún vemos inversiones hechas en nombre del desarrollo que, ni cumplen con las necesidades, ni respetan los derechos humanos de comunidades empobrecidas y marginalizadas. Éstas suelen carecer de voz y participación en el desarrollo del proyecto, pero sufren de primera mano sus consecuencias.

En el contexto de la explotación de recursos naturales y el desarrollo de infraestructuras, vemos un ámbito donde los defensores de los derechos humanos que se oponen a obras de desarrollo se ven denunciados y estigmatizados como “anti-desarrollo,” y sometidos a amenazas, intimidación, detención y ataques violentos por parte de actores estatales y no-estatales (incluyendo intereses empresariales privados, nacionales y multinacionales) en afán de silenciar y ahogar su resistencia.

En Protection International, apoyamos a las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo, y exigimos a los financiadores del desarrollo, a las empresas y a los inversores a defender los derechos humanos, a través de los siguientes puntos:

1. Fomentar un desarrollo que respecte los derechos humanos. Adoptar políticas de compromiso con el respeto a los derechos humanos, e implementación de métodos de ‘due diligence’ para detener violaciones de los derechos humanos.
2. Proteger la participación de la sociedad civil. Asegurar que haya una verdadera participación y consentimiento informado en procesos de desarrollo, y fomentar un ambiente fructífero para la sociedad civil.
3. Defender a los defensores. La adopción de una política de rechazo absoluto a los ataques contra los defensores de los derechos humanos, y el establecimiento de protocolos para evitar y reaccionar adecuadamente a tales ataques, a la vez que se lucha contra la impunidad que beneficia a los agresores.