Las masacres y la impunidad acentúan la ausencia de garantías para defender los derechos humanos en Colombia
Bogotà, Octubre 16 de 2020
Hasta septiembre pasado, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia documentó 42 masacres cometidas en 2020, y estudiaba información de trece más. La Misión registró además 48 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Entre las víctimas de estas masacres se cuentan doce mujeres y 19 niños, niñas y adolescentes. Entre los lugares donde se han perpetrado se encuentran zonas en donde los programas de la Reforma Rural Integral y de Desarrollo Rural, contemplados en el Acuerdo Final de Paz no han tenido una implementación completa, debido a que la presencia civil del Estado es insuficiente para hacer efectivas las medidas para garantizar los derechos de las comunidades rurales y resolver los conflictos territoriales. Dichas condiciones han posibilitado a los actores armados desplegar sus mecanismos de violencia y control social, atemorizando a las comunidades con el fin de que éstas renuncien a su legítimo derecho de defender sus derechos humanos. Tal como expresó el jefe de la Misión de la Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad “detener la violencia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz”. Los actos de violencia contra los niños y niñas, los y las jóvenes, las mujeres y las personas defensoras de los derechos humanos se han incrementado paralelamente a la reactivación de importantes movimientos de protesta social, que han contado con una importante participación juvenil. Las amenazas, homicidios y masacres están promoviendo un ambiente de terror e intimidación, y restringiendo las libertades de asociación, reunión pacífica, opinión y expresión, y el derecho a participar en actividades para defender los derechos humanos.
Estos hechos son signo de que el Estado está fallando en su obligación de proteger los derechos de la infancia, la juventud, de las poblaciones rurales y personas defensoras en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Las garantías para los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión son requisito indispensable para la existencia de un entorno favorable para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos por parte de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, como las comunidades rurales, la infancia y la juventud. El Estado tiene la obligación de proteger este derecho de las violaciones cometidas tanto por el Estado como por parte los actores no estatales. Dicha obligación de proteger comprende la de garantizar que todas las personas que participan en actividades para defender los derechos humanos no sufran de violaciones a sus derechos.
Una protección adecuada para el derecho a defender los derechos humanos requiere de una política pública integral y transversal de derechos humanos, que este dirigida a establecer y mantener un entorno apropiado donde se respete plenamente la legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos. También se requieren voluntad y esfuerzos decididos para desplegar y consolidar la acción del Estado en materia de derechos y servicios, especialmente en las zonas con comunidades vulnerables que se encuentran afectadas por conflictos territoriales, desigualdad social y violencia derivada del conflicto armado interno. Lo anterior incluye una justicia efectiva contra la impunidad, es decir, una acción decidida para investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, de los crímenes mencionados, sean éstos estatales o no estatales.
Protection International insta a las autoridades colombianas a cumplir sus obligaciones de respeto, garantía y protección de los derechos de la infancia y la juventud, lo mismo que del derecho a defender los derechos humanos. En esa dirección, alienta a todas las entidades públicas concernidas a cumplir cabal y oportunamente las disposiciones de las sentencias de tutela en favor del derecho a defender los derechos humanos, la reunión, la protesta pacífica, la expresión y la libertad de prensa.