La pandemia del COVID-19 y las amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos en Colombia
Bogotá, abril 2020
La expansión del virus COVID-19 representa una amenaza para la salud de la población mundial y para sus derechos. El impacto de la pandemia en Colombia amenaza de manera particular a las poblaciones que históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad y marginalidad, como es el caso de las comunidades rurales, campesinas, afrodescendiente e indígenas, y de las mujeres que soportan desproporcionadamente los efectos de la inequidad y la discriminación.
En dichas circunstancias, las medidas de emergencia para prevenir el contagio y combatir la enfermedad no deben vulnerar los derechos y libertades fundamentales, por lo tanto, no deben incluir un incremento de las restricciones y hostilidades contra la sociedad civil organizada, las poblaciones vulnerables y las personas defensoras de los derechos humanos, contra quienes la persecución, las amenazas y los homicidios no han cesado.
El gobierno colombiano ha decretado una serie de medidas preventivas como el aislamiento y la cuarentena (resolución 380 de 2020 de 2020), bajo la declaratoria de emergencia sanitaria nacional (resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social) y el Estado de emergencia económica, social y ecológica (decreto 417 de 2020). También ha emitido instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria (decreto 420 de 2020).
En las condiciones actuales, de acuerdo con la advertencia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es imperioso que el Estado actúe con “mucho cuidado para proteger a las personas más vulnerables y descuidadas de la sociedad, tanto médica como económicamente. Estas personas incluyen a ciudadanos de bajos ingresos, poblaciones rurales aisladas, personas con problemas de salud subyacentes, personas con discapacidades y personas mayores que viven solas o en instituciones”.
Los expertos de las Naciones Unidas han recordado, con carácter de urgencia, a los Estados en el Consejo de Derechos Humanos que “cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”, y que las medidas de emergencia contra la pandemia no deben utilizarse como base en acciones represivas contra grupos particulares, minorías o individuos, ni para silenciar el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos.
De acuerdo con lo anterior, Protection International (PI) advierte con preocupación que las recomendaciones para la prevención y mitigación del COVID-19 en los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y el pueblo rrom, dispuestas mediante la Circular externa 015 de 2020 de los ministerios de salud y del interior, podrían contener restricciones al derecho de estas poblaciones a defender sus derechos humanos.
Además, estas medidas podrían profundizar las condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades, si no se garantiza el acceso a los servicios y mecanismos de protección necesarios, los cuales deben responder a las necesidades específicas de las mujeres y de las comunidades rurales.
Estos mecanismos deben respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, y garantizar el libre acceso a alimentos, agua potable y sus medios de vida, de manera que se eviten crisis humanitarias por denegación del acceso a los bienes básicos, como está ocurriendo a algunos pueblos indígenas de los departamentos de Vichada y Casanare.
Las medidas que se adopten en respuesta a la crisis sanitaria deben ser previamente consultadas con las autoridades tradicionales de las poblaciones étnicas.
Todas las personas que impulsan las acciones de defensa de los derechos en sus comunidades deben contar con plenas garantías, en especial aquellas quienes apoyan a las mujeres que son víctimas de discriminación y violencia, durante la vigencia de las medidas de respuesta a la crisis sanitaria.
Protection International mantiene su apoyo a las comunidades y organizaciones que defienden los derechos humanos en Colombia, en particular en las zonas rurales donde la violencia y las barreras que impiden el acceso a los derechos económicos y sociales las afectan en mayor proporción. Manifiesta de manera especial su solidaridad con las mujeres defensoras, que enfrentan mayores riesgos en las actuales condiciones de aislamiento.