Organizaciones internacionales de sociedad Civil urgen al Gobierno de Colombia a garantizar el ejercicio pacífico del derecho legítimo, a la reunión y manifestación pública, consagrado en la Constitución Política de Colombia y a proteger la vida de quienes lo ejercen

[Bogotá, mayo 3 de 2021] Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana que se realizan desde el pasado 28 de abril en varias ciudades y municipios del país, en el marco del paro Nacional, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política [1]. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable.

De acuerdo con las cifras publicadas por la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”[2] en su boletín informativo 4 [3] entre el 28 y el 30 de abril fueron heridas 105 personas (6 de ellas con lesiones oculares y 4 con impacto de armas de fuego), 4 asesinatos de ellos al parecer 3 menores de edad, más de 150 detenciones arbitrarias que incluyen varias personas con menos de 18 años de edad, más de 232 agresiones físicas, 9 allanamientos en Cali y Bogotá, tres actos de violencia sexual contra mujeres en Bogotá, Cali y Medellín, dos de ellas por oficiales del Esmad y una por un médico legista de medicina legal. Igualmente se han denunciado actos de tortura que incluyen golpizas, amenazas, choques eléctricos y se reportan hechos de obstrucción al derecho a la información, y varias personas han sido reportadas como desaparecidas.

Nos preocupan las denuncias sobre intervención del Ejército Nacional en los escenarios de protesta como ocurrió en el oriente antioqueño, en el municipio de Bello (Antioquia) y en Cali, a donde fueron enviados, según palabras del propio Ministro de Defensa, 300 soldados [5], así como el anuncio hecho por el presidente de la República de militarizar las ciudades [6].

Como organizaciones internacionales de la sociedad civil solicitamos al Estado colombiano adoptar de manera urgente medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por los hechos anteriormente descritos.

Adicionalmente en un país en donde, de acuerdo con el Dane [6] 21 millones de personas (42.5% de la población nacional) se encuentran bajo la línea de pobreza monetaria [7], y están afrontando diariamente dificultades para acceder a la comida, creando las condiciones para una crisis alimentaria, en el marco de la crisis sanitaria, el Estado colombiano debería tomar medidas, para proteger sus derechos.

Como organizaciones internacionales de sociedad civil solicitamos:

• A la comunidad diplomática y las Naciones Unidas pedir al Estado colombiano que brinde las garantías suficientes para el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social y promueva escenarios de diálogo para tomar acciones constructivas que permitan superar el actual estado de crisis de derechos humanos por el que atraviesa el país.
• A la Fuerza Pública ejercer su rol constitucional de brindar las condiciones de seguridad para que las mayorías descontentas y desesperadas por la pobreza, la enfermedad y el conflicto encuentren condiciones para manifestarse pacíficamente.
• A los partidos políticos, los gremios y las iglesias a reforzar sus acciones para convocar al gobierno a tomar medidas en favor de la dignidad de la vida y que se abstengan de emitir declaraciones estigmatizantes [8].
• A las minorías que intentan acciones violentas como vehículo de protesta para crear confusión y deslegitimar la protesta legítima, parar sus acciones, incluidas aquellas que se hacen a través de las redes sociales. La violencia genera violencia. Esta lección sufrida en tantos años de conflicto tiene que aprenderse.

Le pedimos al Señor presidente que tome todas las medidas necesarias para detener el baño de sangre que Colombia está viviendo, y en ese sentido ordene cesar de inmediato las acciones de represión armada de la protesta pacífica y la militarización de las ciudades, que han costado la vida de muchas personas particularmente jóvenes en Colombia y habilite escenarios de concertación con la ciudadanía inconforme en Colombia. El retiro de la reforma tributaria y el llamado a pactar una nueva propuesta es un camino positivo en ese sentido.

Como organizaciones de la sociedad civil internacional continuamos en Alerta por una Colombia en Paz y reiteramos nuestro compromiso con la salida pacífica al conflicto en Colombia.

Para ver la declaración conjunta en formato PDF: haga click aquí.

Mayores informes: cooppaz2016 [at] gmail.com