mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black;mso-ansi-language:ES” xml_lang=”ES”>9 de diciembre 2019
Los conflictos sociales se resuelven con más democracia y con más política, no con represión.
Comoes de público conocimiento, América Latina está en llamas. En las últimas semanas, la población de varios países ha decidido levantarse y protestar exigiendo cambios reales de los sistemaseconómicos, sociales, ambientales y políticos porque, como ustedes bien saben, los derechos de millones de personas son vulnerados desde México hasta Chile.Sin embargo, las legítimas demandasde la ciudadanía han recibido como respuesta la suspensión de derechos y la represión.Consideramos que estas medidas autoritarias no resuelven los conflictos y representan un retroceso grave que pone en riesgo décadas de construcción democrática.
La degradación de la situación de los derechos humanos en la región, no es, lamentablemente,un fenómeno nuevoni aislado. Una y otra vez, los Estados reaccionan de manera represiva, pero esto ya no sucede solamente en países con instituciones públicas fragilizadas, sino también en aquéllos considerados por la comunidad internacional como sólidos y estables. Desde hace años, observamos cómo en estos países formalmente democráticos se han tenido que reactivar las organizaciones y los actores sociales que habían trabajado para la protección de los derechos en la época de las dictaduras.Esto es expresión de undebilitamiento muy seriodel sistema democrático.
La mayor parte de los conflictossocialesentre los Estados y la población se danen el contexto de proyectos económicos ligados a la extracción y explotación intensiva de recursos naturales,que Europa demandaen grandes cantidadesen el marco de los acuerdos comerciales con los países de la región.Además, tal como lo señalan los informes especializados, las personas y los colectivos que trabajan en favor de la protección del medio ambiente ydelos territorios son justamente los que más ataques sufren.¿Cómo va a responder la UEy sus Estados miembrosante estos desafíos?
Hace un año, el mundo conmemoró el 20° aniversario de la Declaración sobre personas defensorasde derechoshumanos. Gobiernos y figuras públicas se apresuraron a celebrar este acontecimiento, saludando este instrumento que da un lugar preeminente a los colectivos y personas que defienden los derechos a lo largo del mundo. Sin embargo, a pesar de este consenso formal, defender derechos sigue siendouna tarea de alto riesgo, particularmente en América Latina y muy especialmente en estos días:el recuento de unas pocas semanas muestra decenas de asesinatos, miles de personas detenidas, miles de personas heridas, organizaciones sociales acosadas.Se handocumentado incluso prácticas aberrantes como desapariciones y torturas.Hechos cometidos,la mayoría,por parte deagentes estatales.
A partir de los años 70, mientras América Latina vivía el nefastoperíodo de las dictaduras militares y las violaciones de derechos humanos se volvieron sistemáticas, los gobiernos y la ciudadanía europea dieron muestras muy importantes de solidaridad que no sólo permitieron salvar vidas,sino también reforzar procesos y reafirmar valores, ésos plasmados en losconvenios y lasdeclaraciones internacionalesde derechos humanos y que constituyen el sustento indispensable de lo que consideramos una vida digna en comunidad.
Consideramos que estamos en un momento crucial para cuestionar el actual modelo deasociaciónentre las dos regiones y dar un paso importante hacia una mayor coherencia entre las políticas.La prioridad central de la UEyde losactores internacionales, enfocada en el crecimiento económico y el aumentodel comercio, se traduce en la intensificación de la extracción de los recursos naturales en América Latina, aumentando de esta manera la presión ecológica y social en la región.
Ante la actual situación de crisis sociopolítica, desde la Red EU LAT, exhortamos a la Unión Europea y sus Estados miembrosa quepromuevande manera prioritaria los derechos humanos al momento de implementarsus estrategias de cooperacióneconómicas y políticas,contando con la verdadera participación de la sociedad civily de las personasy colectivosdefensores de derechos.
Asimismo, pedimos a la Unión Europeay la comunidad internacionalque apliquen una “tolerancia cero”anteel uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridadesy la implementación de medidas de excepción que limitan los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Nos negamos a asistir a este estado de cosas como si se tratara de una cotidianidad a la que debamos acostumbrarnos: esto no puede ser normal.