El evento paralelo “Cero tolerancia a represalias: El rol de los bancos de desarrollo y de Escazú en la protección de personas defensoras” tuvo lugar este 19 de abril, en el marco de la reunión COP2 Escazú organizada en Buenos Aires, Argentina. Protection International (PI) fue uno de los co-organizadores del evento en línea, junto a la Plataforma Internacional contra la Impunidad, el Center for International Environmental Law (CIEL), la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
El principal objetivo de la actividad fue discutir la implementación de las políticas de cero tolerancia a represalias por parte de los bancos de desarrollo. Se habló también sobre los progresos del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores del Acuerdo de Escazú y sobre cómo estos pueden proporcionar a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFIs) ejemplos concretos y efectivos de cómo abordar represalias en sus proyectos. Además, la actividad logró promover la participación de personas defensoras afectadas por proyectos de desarrollo financiados por este tipo de instituciones.
Entre los panelistas estuvieron presentes Luis Enrique Eguren, Asesor Senior de Protection International, Oleida Echavarría, Lideresa del Moviento Ríos Vivos (Colombia), Rigoberto Juárez, Líder del Gobierno Plurinalcional de Naciones Originarias Mara Q´anjob´al, Mayu Chuj, Mata Akateko, Maya Poptí y Mestiza (Guatemala), Eleanor Openshaw, Directora de Programa del International Service for Human Rights, Juan Martínez, Especialista social del líder sectorial de ESLS – Banco Interamericano de Desarrollo, y Soraya Senosire, Especialista social del Banco Interamericano de Desarrollo. La discusión fue moderada por Luisa Gómez, abogada senior del Center for International Environmental Law (CIEL).
Esta última resaltó que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado a nivel mundial que cuenta con recomendaciones y directrices en materia del respeto y protección a las personas que defienden el medioambiente.
Dentro de las intervenciones, Enrique Eguren de Protection International resaltó la importancia de implementar mecanismos que, mediante análisis de riesgos y evaluaciones bien situadas, permitan a los bancos de desarrollo diseñar planes de prevención y reparación en los lugares donde financian proyectos extractivos. Eguren destacó la necesidad de proteger a las personas defensoras del medioambiente, quienes sufren agresiones, asesinatos y criminalización por estar en primera línea en la protección de los derechos humanos.
Además, Oleida Echavarría y Rigoberto Juárez, representantes de los territorios de Agua Viva del río Cauca en Colombia y del gobierno plurinacional de los pueblos originarios en Guatemala, contaron sus experiencias en torno a los proyectos extractivos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estado financiando dentro de sus territorios. En la conversación, compartieron sobre las consecuencias y daños irreparables en materia de derechos humanos y medio ambiente que estos proyectos extractivos han conllevado. Entre las consecuencias, destacaron la criminalización, persecución, encarcelamiento y muertes de personas que defienden su territorio, por sus actividades de defensa de sus derechos humanos. Resaltaron también la falta de apoyo de las instituciones de sus países, así como de los bancos financiadores de dichos proyectos.
A su vez, Juan Martínez y Soraya Senosier, representantes y especialistas sociales del BID, compartieron las iniciativas institucionales que están reforzando para prevenir las agresiones contra personas y medio ambiente. En su intervención, reconocieron que el trabajo recién ha iniciado y resaltaron que participar en estos espacios de diálogo les permite conocer mejor las opiniones de otras personas defensoras y diferentes personas expertas en la materia, ya que el objetivo es que los diferentes mecanismos sean discutidos en los más altos niveles de toma de decisiones de los bancos y socios cooperantes.
Durante el diálogo, uno de los factores más preocupantes fue la respuesta del BID sobre las reparaciones pendientes ante las agresiones y consecuencias que han dejado los proyectos extractivos. Desde el equipo de Protection International Mesoamérica se ve con preocupación que se hable de mecanismos de prevención, pero que no se mencionen ni haya evidencias sobre los planes de respuesta ante las violaciones a los derechos humanos y medio ambiente, lo que ha dejado interrogantes, cuestionamientos, quejas y molestias en las comunidades y territorios afectados por proyectos de inversión extractiva.
Sobre los Bancos de Desarrollo
Los Bancos de Desarrollo tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no violen los derechos humanos, incluyendo el derecho a un medioambiente sostenible limpio, saludable y sostenible. Los pueblos indígenas tienen además derecho a la consulta libre e informada sobre las actuaciones en sus territorios. Sin embargo, es frecuente que cuando las comunidades o personas o colectivos que defienden los derechos humanos y el territorio se movilizan contra ciertas inversiones debido a sus impactos negativos, sufran violencia y amenazas. Y es también frecuente de que cuando reportan a estas instituciones financieras, sufran represalias por ello.
A pesar de que las algunas IFIs como la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han exteriorizado su compromiso de cero tolerancia a las represalias, los avances reales de este compromiso han sido pocos. Si bien las IFIs disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras, con frecuencia no responden a los escenarios de riesgo: guardan silencio ante las amenazas, sus reacciones son deficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y/o sin reparación.
Sobre el Acuerdo de Escazú
El Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú” es un proceso único en el mundo. Su elaboración, en curso, promete plantear mecanismos de protección y buenas prácticas que los Estados y otros actores que intervienen en proyectos de desarrollo (como los bancos financiadores o las mismas empresas) puedan poner en práctica.
La Banca multilateral tiene ya una historia con Escazú y ha considerado el Acuerdo como una herramienta fundamental para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles. Por ejemplo, en su Marco de Política Ambiental y Social, el BID hace referencia explícita a Escazú en relación con su compromiso de Sostenibilidad Ambiental y Social, Pueblos Indígenas, Divulgación de la Información y Participación. Estos compromisos son claves. Sin embargo, el compromiso con Escazú no puede estar completo si no se toman medidas para promover la labor y la protección de las personas defensoras.