El presente informe sombra ha sido preparado por una coalición ad hoc de 67 organizaciones internacionales en el marco del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) a Colombia que tendrá lugar a lo largo del 2023. Fue entregado el 1° de marzo 2023 a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el marco de este proceso.

El informe contiene una actualización sobre la situación de derechos humanos en Colombia entre el 2018 y 2023, 5 años con cambios políticos importantes. Ha sido un periodo con tres gobiernos diferentes: los últimos meses del Gobierno Santos (2010-2018), el Gobierno Duque (2018-2022) y los primeros meses del Gobierno Petro (2022-2026). Estos años también estuvieron marcados por la pandemia del Covid-19 que, en el mundo entero, y también en Colombia, tuvo repercusiones en todos los aspectos de la vida, de la sociedad y también, en particular, en la situación de derechos humanos.

El panorama global de derechos humanos en Colombia entrelazado con la situación del conflicto armado interno y los procesos de paz, no ha sido alentador en los últimos cinco años. Después de una reducción en las tasas de violencia en los años 2012-2016, los indicadores de la situación de derechos humanos y de la violencia relacionada al conflicto armado, volvieron a mostrar una tendencia de empeoramiento

En el 2018, Colombia recibió numerosas recomendaciones para implementar con celeridad el Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC-EP en el 2016, para evitar escenarios de repetición del conflicto y violaciones de derechos humanos. El proceso bajo el Gobierno Santos había sido lento, pero en el periodo del Gobierno Duque se estancó completamente. Las zonas dejadas por las FARC-EP fueron ocupadas por otros grupos armados y el conflicto entró en una nueva fase, dejando otra vez cientos de miles de víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, minas anti personales, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, desaparición forzada, secuestro y violencia sexual en el marco del conflicto.

Con este contexto las poblaciones rurales, campesinos, afros e indígenas, recibieron la pandemia del Covid-19. La falta de respuesta estatal a las necesidades generadas por sus consecuencias deterioró de forma dramática la situación de pobreza y el acceso a la salud, la educación, el empleo digno y a la alimentación. También fue el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en relación a la protesta social y el abuso policial.

Las personas, en medio de esa situación tan precaria, han denunciado, investigado y buscado justicia y satisfacción de los derechos. Y las personas defensoras de los derechos humanos, han sufrido amenazas, asesinatos y otras agresiones, año tras año durante este periodo. Se han roto tristes records de cifras de agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos. La mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad.

A pesar de los obstáculos puestos por el Gobierno a la implementación del Acuerdo Final de Paz, se dieron algunos avances, unas luces en la oscuridad: la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad realizó y publicó su informe final, la Jurisdicción Especial de Paz pudo emitir su primera resolución y algunos responsables reconocieron sus crímenes y pidieron perdón a las víctimas del conflicto.

El Gobierno Petro ha anunciado y mostrado una voluntad política y compromiso con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, ha iniciado nuevos procesos de diálogo con grupos armados para trabajar en la terminación del conflicto, ha iniciado reformas sociales y ha hecho de la justicia social una prioridad. El EPU es una oportunidad para rodear y motivar estos esfuerzos e insistir en sus lagunas. La comunidad internacional debe usar esta ventana de oportunidad histórica para la paz y los derechos humanos en el país. Se deben apoyar estos esfuerzos, a través de la participación activa en el EPU, la cooperación con Colombia, las relaciones bilaterales y los espacios multilaterales, entre otros.