Consoltoría: Informe de situación con enfoque multifactorial sobre el deber estatal de garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en tres territorios indígenas de Guatemala
El consorcio de ASOREMI, PI y CISV, surge a partir de un esfuerzo conjunto de colaboración quepretende desarrollar espacios de encuentro con mujeres defensoras de tres territorios mayas en Guatemala para su fortalecimiento en materia de protección colectiva, accionar político y defensa de sus derechos en el marco del proyecto “Mujeres defensoras de derechos humanos de tres pueblos indígenas Mayas monitoreando y exigiendo desde sus territorios el cumplimiento de sus derechos”, con la finalidad de acompañar a las defensoras en las luchas que emprenden en su territorio. Así también busca dar, en parte, respuesta a la exclusión que enfrentan mujeres de pueblos indígenas en Guatemala. “La pobreza, el racismo, la discriminación, la exclusión, la violencia y la impunidad han sido constantes observadas en Guatemala” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El país se ubica dentro de los países con mayores niveles de desigualdad en el continente con un índice de Gini de 0,63 y altos índices de pobreza en las zonas rurales, sobre todo entre las poblaciones indígenas. De acuerdo al mapa de pobreza rural del Banco Mundial, habría áreas de Guatemala donde el porcentaje de extrema pobreza superaría el 70%. Condiciones más críticas sepresentarían en el departamento de Alta Verapaz, departamento principalmente habitado por el pueblo indígena Maya Q’eqchi’, con un 89,6% de su población rural viviendo en pobreza, correspondiendo el 46,7% a extrema pobreza. En la década de 1980, los pueblos indígenas guatemaltecos sufrieron genocidio y otros graves crímenes; la mayoría pendientes de justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Aún hay procesos abiertos que impulsan organizaciones de pueblos indígenas y ONG acompañantes. La Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, después de su visita a Guatemala en 2018, resaltó la falta de garantía de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, al reconocimiento de sus propios sistemas de auto gobierno, a sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales, al ejercicio de la jurisdicción indígena, así como al acceso a servicios con pertenencia cultural y lingüística.9 Megaproyectos en territorios indígenas, están provocando impactos sociales y culturales sobre todo en las mujeres. Ha sido sistemático el incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por Guatemala.
La presente consultoría se circunscribe en el Resultado No. 1 del proyecto, que literalmente dice: “Mujeres indígenas mayas defensoras de derechos humanos han fortalecido sus conocimientos, monitoreado y exigido de manera segura para ellas y sus comunidades el cumplimiento del deber del Estado de desarrollar y garantizar un ambiente habilitante3para la defensa de los derechos humanos en sus territorios”, dicho resultado deriva en la Realización 1.2 que busca materializarse a través de un “Informe de situación con enfoque de género del cumplimiento del deber estatal de garantizar un ambiente habilitante para el ejercicio y defensa de los derechos humanos en tres territorios indígenas realizado y divulgado por mujeres indígenas frente a autoridades estatales responsables, en alianza con actores nacionales e internacionales”.